Se cumplen 10 años de la “Ley antidiscriminación” colombiana.
Por: Jonh Jak Becerra Palacios.
El 30 de noviembre de 2011 el Congreso de Colombia aprobó la Ley 1482 de 2011, conocida como la “Ley antidiscriminación”, que tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que puedan ser vulnerados a través de actos de racismo o discriminación.
Se declaraba exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-194 de 2013, por los cargos de falta de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y de violación a los principios de consecutividad e identidad flexible. Sin embargo, la Ley 70 de 1993, por la cual se desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, ya consagraba la sanción de la discriminación racial.
En estos 10 años, de la conocida ley antidiscriminación, si hacemos un balance de su eficacia, tenemos que preguntarnos, ¿si ha cumplido con su objetivo?
El Artículo 134 A de la ley dice: “Actos de Racismo o discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Estas nuevas disposiciones han sido un saludo a la bandera, con una impunidad que está en el 100%”.
¿Es fácil denunciar el racismo en Colombia?
El 25 de marzo del 2013 acudí a la URI de la Fiscalía de un sector llamado Paloquemao en Bogotá D.C, Colombia, con el fin de interponer una denuncia penal, en el marco de la ley 1482 de 2011. En el filtro sala de recepción donde se reciben las denuncias, me fue imposible interponer la denuncia inicialmente, me toco ir a una papelería e imprimir la ley, y llevársela al funcionario de la fiscalía para que me pudieran recibir la denuncia, luego que logré que me recibieran la denuncia, en la entrevista, el funcionario que estaba recibiendo mi denuncia por racismo, y discriminación racial, empieza a poner en duda mi testimonio. Además, en ese entonces, cuando yo denuncié, no recibieron mi denuncia en el marco de la ley 1482 de 2011, sino como “delitos contra la integridad moral” enmarcado en la Ley 599 de 2000. No aparecía en el sistema de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de que en noviembre del 2011 se había aprobado la ley 1482 de 2011, incluso fue noticia nacional, salió en todos los diarios nacionales.
Yo había sido víctima de racismo en un entorno laboral durante varios años, sin que la empresa hiciera nada al respecto. En abril de 2013 fui despedido sin justa causa y comencé un periplo ante la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio del Trabajo, los cuales no me ayudaron con mi caso, pues aseguraban no tener competencia.
¿Se puede denunciar el racismo en Colombia?
La Fiscalía General de la Nación es el ente a cargo de realizar esa labor en Colombia, sin embargo, no existe voluntad alguna hasta el momento en 10 años de aprobación. Cuando un Afrodescendiente como yo, acude a la Fiscalía en busca de justicia, pues no es raro que la Fiscalía termine restándole importancia a tu caso, y archive la denuncia como me sucedió a mí, sin importar cuantas pruebas se aporten al proceso. Eso en el caso de que te vaya bien, pues se han presentado casos en que el ente acusador no recibe la denuncia, o el funcionario se burla de la víctima que intenta denunciar al racista. El racismo impera en la administración de justicia de Colombia, pues Colombia tiene una de las estructuras más racista de la región.
Consecuencias por denunciar el racismo.
Las consecuencias por denunciar el racismo pueden resultar siendo fatales, debido a que el sistema de poder estigmatiza al que denuncia el racismo y la sociedad lo percibe de manera negativa. No hay garantías para denunciar el racismo en Colombia, para quienes buscamos justicia, y acudimos al sistema judicial. Buscando una respuesta institucional es muy difícil hallar una respuesta, debido a que existen muchos obstáculos por el racismo institucional, resulta fatal el daño que provoca la misma institucionalidad, por la falta de garantías. Es una de las razones, por lo que muchas y muchos afrodescendiente en Colombia no denuncian el racismo, por las repercusiones que pueden tener, de no volver a conseguir empleo, como a mí me sucedió. Desde octubre del 2017, el sector privado no me volvió a dar empleo, y entré en una especie de veto hasta el día de hoy. Cuando mi único pecado fue exigir un trato justo y digno pero terminé estigmatizado. Sigo siendo víctima de racismo sistemático, el cual me trajo consecuencias enormes a mí vida, de índole económica, emocional, salud mental y otras. Asistía en ese entonces a una iglesia cristiana evangélica, y un presunto hermano blanco/mestizo en la fe, me dijo que yo me menospreciaba a mi mismo, y que no había racismo, que él tenía amigos negros.
Colombia está en deuda con el pilar de justicia del decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024. El Estado colombiano debe garantizar a las personas afrodescendiente el acceso a la justicia, introduciendo medidas para que se respete el principio de igualdad ante la ley, en particular en el disfrute del derecho a la igualdad de trato ante los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia.
10 años de impunidad de una ley en un papel, ¿una letra muerta? Quizás, sin voluntad política, sin adopción de medidas especiales. ¿Qué pasó con el decenio dedicado a los afrodescendientes? ¿Y con los tres pilares del Decenio: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo? Este es un marco internacional con el cual Colombia se comprometió. Muchas preguntas surgen y pocas respuestas.